Barcelona ha lanzado su primer Plan Antirracista 2026-2036, una hoja de ruta a diez años que sitúa la lucha contra el racismo en el centro de la agenda municipal de derechos humanos y no discriminación. Presentado durante el Fòrum Barcelona 2026: Cities leading for racial justice, el plan se concibe como un instrumento estructural, transversal y de largo plazo para promover una igualdad real en derechos, oportunidades y reconocimiento para todas las personas.
Con un presupuesto estimado de 3,5 millones de euros, el plan reúne seis ejes estratégicos, 23 medidas y más de 100 acciones. Aborda ámbitos en los que el racismo tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, como la vivienda, la educación, la salud, la participación, los servicios públicos, la convivencia y el acceso a la justicia.
Una de las principales aportaciones del plan es que reconoce el racismo no solo como una cuestión de prejuicios individuales, sino también como una realidad estructural e institucional. Este enfoque exige a las instituciones públicas examinar cómo los procedimientos, los servicios, las brechas de datos, las políticas urbanas y los relatos públicos pueden reproducir desigualdades. En respuesta, Barcelona se compromete a revisar las prácticas municipales, reforzar la formación antirracista del personal público, promover la diversidad dentro de la administración e incorporar criterios antirracistas en la contratación pública, las subvenciones y el diseño de políticas públicas.
El plan también introduce importantes mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Entre ellos se encuentra la creación del Observatorio Antirracista de Barcelona, que analizará la implementación del plan, elaborará estudios e indicadores y contribuirá a identificar estructuras y narrativas discriminatorias. El plan también prevé mejoras en la recopilación de datos, incluidas categorías de autoidentificación étnica y racial desarrolladas desde una perspectiva de derechos humanos, con el fin de comprender mejor cómo el racismo afecta a distintas comunidades.
La participación de la sociedad civil es otro elemento central. A través del Consejo Asesor Antirracista, Barcelona busca garantizar que las políticas públicas se nutran del conocimiento, la experiencia y las demandas de personas defensoras de derechos, organizaciones antirracistas y comunidades directamente afectadas por el racismo. Esta dimensión participativa será esencial para asegurar que el plan vaya más allá de los compromisos institucionales y genere cambios concretos en la acción pública y en la vida cotidiana.
La dimensión internacional del plan también es significativa. Como vicepresidenta de ECCAR y miembro de la Alianza Mundial de la UNESCO contra el Racismo y la Discriminación, Barcelona aspira a compartir su experiencia con otras ciudades y contribuir a fortalecer las respuestas locales frente al racismo a nivel europeo y global. Esto refleja el papel creciente de las ciudades como actores clave en la protección de los derechos humanos, la igualdad y la convivencia democrática.
Para CGLU-CISDP, esta iniciativa es especialmente relevante. Barcelona es una socia de larga trayectoria y contribuye al trabajo de la Comisión, y su nuevo Plan Antirracista ilustra cómo los gobiernos locales pueden traducir sus compromisos en materia de derechos humanos en marcos concretos de acción, seguimiento y rendición de cuentas.
El éxito del plan dependerá ahora de su implementación. Su ambición no reside únicamente en el número de medidas que contiene, sino en su capacidad para transformar las prácticas institucionales, abordar las desigualdades en el acceso a los derechos y mantener la participación significativa de las comunidades afectadas durante todo el proceso. En este sentido, el Plan Antirracista de Barcelona representa tanto un compromiso político como una prueba para la democracia local: si las ciudades pueden afrontar el racismo como una cuestión estructural y hacer efectiva la igualdad en la vida urbana cotidiana.