Los gobiernos locales representan la primera puerta de entrada al ámbito público y a sus instituciones para la población en general. Por ello, desempeñan un rol fundamental en la escucha activa, la retroalimentación y el vínculo directo con las personas en sus respectivos territorios. En este contexto, su papel cobra una relevancia aún mayor en lo que respecta a los derechos humanos de las personas LGBTIQANB+. En nuestro país, no existen otras instancias públicas que aborden de forma integral estas problemáticas, que escuchen activamente sus necesidades o que articulen soluciones concretas en esta materia. Asimismo, tampoco contamos con mecanismos que proporcionen insumos técnicos específicos o directrices claras a los gobiernos locales, ni con espacios de coordinación multisectorial, elementos fundamentales para garantizar respuestas efectivas a las demandas históricas del colectivo y para avanzar en la justicia social.
Desde los gobiernos locales, y comprendiendo los dispositivos institucionales que estos articulan, entendemos a los municipios como la puerta de entrada para la participación tanto de la sociedad civil organizada como de la ciudadanía individual en su relación con el Estado, concebido como un aparato político y social. En este sentido, para estar en condiciones de enfrentar los desafíos actuales, realizar diagnósticos realistas y adecuados frente a las demandas sociales, y promover efectivamente los derechos humanos, resulta fundamental fortalecer un trabajo colaborativo, organizado y alineado con los desafíos internacionales. Esto es clave para responder a las expectativas de la sociedad y avanzar hacia los cambios socioculturales que exige la realidad contemporánea.
De esta manera, surge la imperante necesidad de instalar perspectivas de derechos humanos, sociales, culturales, políticos y económicos efectivos para las personas LGBTIQANB+, que en nuestro país no cuentan con ningún otro dispositivo público que aborde su diversidad, cualidades y o características sociodemográficas; de esta manera, los dispositivos municipales se han convertido en pioneros en la resolución y abordaje de estas necesidades, instalando una política pública que desde el gobierno central aún no se aborda, y que pese a contar con algunos instrumentos legislativos, queda un gran camino por recorrer. En esta línea, contar con una perspectiva desde distintos países y realidades es el camino para fortalecer este trabajo.
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Insumos técnicos, Capacitación y Acompañamiento a equipos y gobiernos locales en trabajo con personas LGBTIQANB+, de las diversidades y disidencias sexo-genéricas y personas viviendo con VIH.
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Colaboración en la promoción de derechos de personas de las diversidades sexo genéricas de forma interseccional. Trabajo técnico por una Ley Integral Trans, ajustes a la Ley 21.120 sobre cambio de nombre y sexo registral; esfuerzos y avances en las modificaciones a la Ley 20.609 sobre no discriminación, apoyo en proyectos de Ley sobre Educación (Ley José Matías) y proyecto que modifique la Ley 18.695, sobre la orgánica constitucional de municipalidades y la obligatoriedad de existencia de dispositivos municipales en materia de no discriminación.
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Trabajo multisectorial mediante comisiones y la coordinación general en temas sobre educación, social, cultura y deportes, participación ciudadana, entre otros.