¿Por qué los gobiernos locales y regionales son esenciales para promover, cumplir y respetar los derechos humanos?
La proximidad, que en cualquier lugar hace decisivo al nivel municipal, en una isla se intensifica: Cozumel está físicamente separada del continente, de modo que muchos servicios que en otros sitios pueden complementarse con apoyos cercanos aquí dependen casi exclusivamente de la capacidad local.
El acceso al agua potable-extraída de un acuífero insular frágil, el manejo de residuos sólidos (que no pueden simplemente "sacarse" de la isla sin costo y logística), la energía, la salud y la educación recaen en gran medida en la gestión municipal y estatal. Cuando el ayuntamiento decide cómo se distribuyen estos servicios, define en la práctica quién disfruta de sus derechos a la salud, al agua y a un ambiente sano.
El gobierno local también conoce las desigualdades propias de Cozumel. La economía turística genera empleo, pero atrae a numerosos trabajadores que migran a la isla y muchas veces viven en colonias periféricas con servicios precarios, mientras la inversión se concentra en la zona costera y los muelles de cruceros.
Identificar a esa población trabajadora, a las comunidades en situación de pobreza, a las mujeres en contextos de violencia o a las personas con discapacidad -y diseñar respuestas adaptadas- es algo que solo puede hacerse bien desde el conocimiento cercano del territorio.
Existe además una dimensión ambiental ineludible: el arrecife de Cozumel, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, es a la vez sustento económico y patrimonio natural. El derecho a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución mexicana, obliga a las autoridades locales a equilibrar la presión turística con la protección del ecosistema del que depende la propia vida de la isla.
Jurídicamente, Cozumel no es ajena a las obligaciones del Estado mexicano. Los compromisos constitucionales e internacionales en derechos humanos vinculan a todos los niveles de gobierno, incluido el municipal, que es corresponsable de respetar, proteger y garantizar esos derechos.
¿Por qué los derechos humanos son valores relevantes y un marco útil para guiar la acción local?
Primero, ofrecen una brújula para priorizar. En un municipio donde es tentador concentrar recursos donde llega el turismo, mirar "desde los derechos" obliga a preguntar quién queda atrás: las colonias sin agua continua, las familias trabajadoras lejos de los servicios, las comunidades vulnerables a desastres naturales como huracanes.
Esto orienta el gasto hacia la dignidad e igualdad, y no solo hacia el atractivo turístico.
Segundo, dan un lenguaje común y legítimo. Permiten que ayuntamiento, sector turístico, organizaciones civiles y población dialoguen sobre principios compartidos, lo que aporta legitimidad y facilita la cooperación en una comunidad pequeña donde los actores se conocen.
Tercero, aportan estándares medibles. Principios como disponibilidad, accesibilidad, calidad y no regresividad permiten evaluar si el agua, la salud o la vivienda realmente mejoran para todos los habitantes-no solo en la temporada alta-y exigir rendición de cuentas.
Cuarto, ponen a las personas en el centro. El principio de igualdad y no discriminación obliga a cerrar las brechas entre la Cozumel turística y la Cozumel de quienes la hacen funcionar día a día, incluyendo a la población migrante que sostiene la economía local.
Finalmente, los derechos humanos ayudan a pensar la sostenibilidad como un asunto de justicia: proteger el arrecife, el agua y el entorno no es solo cuidar el "producto turístico", sino garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras de la isla.
Cozumel se une a la campaña porque, como municipio insular y destino turístico de relevancia internacional, vive de manera directa la tensión entre desarrollo económico, equidad social y protección ambiental. Reconocemos que los derechos humanos al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, a la participación y a una vida libre de violencia-se ejercen en el territorio, y que el gobierno más cercano a la gente es el primer responsable de garantizarlos.
Adherirnos a las "Ciudades y Territorios de Derechos Humanos" nos ofrece un marco compartido para ordenar nuestras políticas con criterios de dignidad, igualdad y no discriminación, especialmente hacia la población trabajadora y migrante que sostiene la isla, las juventudes y las familias de las colonias periféricas. Buscamos aprender de otras ciudades, intercambiar buenas prácticas y rendir cuentas con estándares verificables. Asumir este compromiso reafirma nuestra visión de un gobierno humanista que pone a las personas en el centro y que entiende la sostenibilidad del arrecife, el agua y el entorno como una cuestión de justicia para las generaciones presentes y futuras de Cozumel.
1) Programa permanente de Descacharrización y reciclaje (Clima y medio ambiente / Servicios básicos).
A través del CAMAR, el gobierno municipal recolecta, reutiliza y traslada fuera de la isla residuos sólidos. Durante 2025 se realizaron 275 jornadas de descacharrización en las colonias, recolectando más de 1.5 millones de kilogramos de residuos sólidos, además del envío fuera de la isla de pilas y vidrio para su disposición o aprovechamiento. Atiende el manejo de residuos y la protección del acuífero y el arrecife en un contexto insular.
2) Programa "Escuelas Seguras" (Juventud e infancia / Cultura de paz y seguridad).
Es una estrategia que busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a un entorno escolar sano, seguro y libre de violencia, mediante:
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Comités de Seguridad Escolar,
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recorridos con participación de policía, docentes y familias, y
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una red de niñas, niños y jóvenes promotores de paz capacitados en prevención y cultura de paz.
3) Jornadas "Municipio en tu Colonia" (Democracia participativa/Servicios básicos)
Programa de la Dirección de Desarrollo Social que acerca servicios gratuitos y productos a bajo costo a las colonias-atención psicológica, legal, de salud y registro civil y que en su primer ciclo benefició a más de dos mil personas; incluye la conformación de comités vecinales y participación ciudadana junto con la policía municipal.