Gobiernos locales en todo el mundo están poniendo en marcha respuestas de emergencia a aquellos desafíos planteados por la crisis del COVID-19 que se relacionan con la garantía del derecho a la vivienda. Estos también están evaluando el riesgo de que la crisis global de la vivienda se agrave a mediano y largo plazo, debido a la pérdida masiva de empleos y la perturbación de la actividad económica formal e informal. Ante este escenario complejo, los gobiernos locales tratan de encontrar soluciones inmediatas que protejan a los inquilinos más vulnerables y pequeños propietarios ante la pérdida repentina de ingresos. De este ejercicio surgen ahora muchos interrogantes: ¿Qué tipo de medidas se pueden implementar desde el nivel local para evitar los desalojos o apoyar a las personas con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca? ¿Con qué apoyos y de qué actores? ¿Qué márgenes de maniobra existen para ir más allá de las competencias inmediatas y aplicar medidas extraordinarias?
Los programas de apoyo al pago alquiler están en aumento en todo el mundo. Sólo en los Estados Unidos, gobiernos locales como Boston o Nueva Orleans han estado a la vanguardia en la aplicación de este tipo de medidas, apoyando financieramente a aquellos hogares que puedan demostrar una necesidad financiera inmediata debido a una pérdida repentina de ingresos. Sólo la ciudad de Boston dedicó un fondo de 3 millones de dólares para ayudar a sus residentes a pagar el alquiler. También en los Estados Unidos, Washington D.C aprobó un proyecto de ley que permite el pago diferido de hipotecas y alquileres. El distrito capital también prohibió aplicar aumentos del alquiler durante la emergencia y permitió que los inquilinos que corrían el riesgo de ser desalojados después de notificación de “permanecer en sus hogares hasta que la emergencia termine”.
En América Latina, varios gobiernos locales han puesto en marcha medidas para evitar que aumente el número de personas sin hogar debido a la crisis. Gobiernos locales como el de Montevideo han lanzado programas dirigidos al apoyo de hogares con bajos ingresos. La ciudad proporcionará transferencias para ayudarles a pagar sus alquileres y mantener un ingreso básico. Según la Intendencia, “entendiendo que la vivienda representa la primera línea de defensa contra la emergencia sanitaria, se diseñó un plan específico para atender y apoyar a aquellas personas que se encuentran en situaciones complejas a nivel de vivienda”.
La Ciudad de México también ha implementado soluciones de emergencia en este sentido, tal y como señaló el Subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad en su última entrevista con la CISDPDH.
Muchos gobiernos locales en Europa adoptaron medidas similares. La Metrópoli de Nantes y el Departamento del Loira Atlántico han asignado un presupuesto de 1 millón de euros para ayudar a los inquilinos vulnerables a pagar sus alquileres, incluidos tanto los que viven en viviendas públicas como del mercado privado. Al igual que en otros contextos, el procedimiento para solicitar esta ayuda reúne una serie de criterios de elegibilidad y puede solicitarse fácilmente en línea. El Ayuntamiento de Barcelona también anunció al inicio del período de cuarentena que no cobraría los alquileres de las viviendas públicas durante los meses de abril, mayo y junio. Según el mismo gobierno municipal, “Un total de 8.748 familias que viven en viviendas de alquiler municipal no volverán a pagar su alquiler hasta julio. Se trata de una nueva medida extraordinaria adoptada para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 y la declaración del estado de alarma”.
En Australia, el gobierno regional de Victoria ha anunciado una suspensión de seis meses de los desalojos, así como una prohibición del aumento de los alquileres. Este paquete de medidas también incluye desgravaciones fiscales para los pequeños propietarios de viviendas y 500 millones de dólares de ayuda para los inquilinos de aquellos hogares con mayores dificultades.
Aunque muchos gobiernos nacionales estén adoptando progresivamente medidas de alivio de la renta y moratorias de desalojos, los gobiernos locales también están encontrando formas de apoyar la implementación de esas medidas. El Ayuntamiento de Valencia ha abierto, por ejemplo, una línea telefónica para ofrecer asesoramiento, mediación e intermediación a aquellos hogares que corren mayor riesgo residencial. Esto permite proporcionar de primera mano y en un contexto de acompañamiento y confianza toda la información necesaria sobre las medidas adoptadas a nivel nacional y regional y cómo acceder a ellas.
En seguimiento de la Experiencia de Aprendizaje en Vivo sobre Vivienda, y con el fin de ofrecer un espacio de intercambio sobre posibles medidas de parte de los gobiernos locales en este ámbito y para proteger el derecho a la vivienda, la CISDPDH co-organiza el próximo viernes 22 de mayo a las 15:00 horas (CEST) una reunión en línea de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre Vivienda. Esta reunión acogerá, entre otros, representantes municipales sobre vivienda de Barcelona, París y Londres y Nueva York (por confirmar).
En el caso de que usted esté interesado/a en este evento, le rogamos contacte nuestro Secretariado para recibir la nota conceptual y enlace al evento. Le invitamos igualmente a compartir con nuestro Secretariado otras iniciativas y políticas relacionadas con el derecho a la vivienda en el contexto del COVID-19 y más allá de la pandemia.