La suma de las profundas repercusiones de la COVID-19 en términos de libertades, salud pública y condiciones socioeconómicas ha llevado a distintas instituciones, de lo mundial a lo local, a enmarcar la situación actual como una crisis de derechos humanos. El diálogo de alto nivel sobre el futuro de las ciudades de los derechos humanos (2020, Gwangju) sirvió para que la OACNUDH y los gobiernos locales reafirmasen este llamamiento, haciendo hincapié en cómo la pandemia no sólo exacerba viejas formas de discriminación y vulneración de derechos, sino que también crea otras nuevas. Un evento público organizado por Barcelona la semana pasada exploró este escenario desde la perspectiva de la no discriminación, especialmente en lo que respecta al acceso a las vacunas.
Este informe explora prácticas y formas de trabajo en red emergentes entre gobiernos locales, que abordan las diferentes formas de discriminación surgidas o exacerbadas durante la pandemia. Identifica igualmente sus evoluciones potenciales más allá de la crisis.
El Centro de Derechos Humanos de Barcelona organiza un evento público que explora nuevas formas de discriminación surgidas a raíz de la COVID-19
Celebrado el pasado 27 de abril en el contexto de la serie “Parlem de Drets” (Hablemos de derechos), este evento público reunió a personas expertas y representantes de la sociedad civil trabajando en el ámbito de la no discriminación. Participaron Manuela Battaglini, experta en ética digital y directora general de Transparent Internet; Blanca Gracés, investigadora senior del área de migraciones de CIDOB e Irene González Pijuan, técnica de promoción de servicios públicos y miembro del colectivo “Salut, Drets Acció”. El evento buscaba explorar los nuevos retos en materia de derechos humanos desencadenados por la pandemia, que tienen un efecto o una relación específica sobre el tema de la discriminación.
El evento prestó atención a varios temas muy relevantes para la acción de los gobiernos locales. Uno de ellos es el papel de las tecnologías digitales y cómo las aplicaciones desarrolladas para el seguimiento de la COVID-19, así como los certificados digitales de vacunación, ponen en tensión el derecho a la privacidad. El creciente impacto de la digitalización plantea, en efecto, una dicotomía entre ciertas aspiraciones globales de controlar los datos personales sin limitaciones y un énfasis local renovado en mantener la información privada como un derecho. En este contexto, los gobiernos locales son un agente regulador clave y un guardián de los derechos de los residentes.
También se abordó con especial énfasis el impacto de la pandemia en la migración. Garantizar el acceso universal a las vacunas y a los derechos, así como integrar las estrategias de salud pública, son esenciales para promover la salud de todo el mundo y una recuperación sostenible que no deje a nadie atrás. Los participantes destacaron cómo la pandemia tuvo un impacto sin precedentes en el derecho a migrar, debido al cierre global de las fronteras nacionales. A largo plazo, la pandemia exacerba las causas de la migración.
El departamento de derechos humanos de Barcelona ya organizó, en junio de 2020, un primer taller con organizaciones de la sociedad civil local destinado a medir el impacto de la pandemia sobre los distintos fenómenos discriminatorios ocurridos a nivel local. Esto se llevó a cabo en el contexto de la presentación de un informe bianual de seguimiento de la discriminación a nivel de Barcelona, desarrollado por el mismo ayuntamiento en colaboración con la sociedad civil local.
Puedes saber más sobre este proceso aquí y aquí.
Retos e iniciativas de parte de los gobiernos locales en todo el mundo
El tema del acceso universal a las vacunas se ha planteado recientemente en CGLU. De hecho, su co-presidencia lanzó el pasado mes de abril una declaración en la que pedía la liberación internacional de las patentes, solicitando “la liberación temporal de las patentes de las vacunas para que estas puedan ser producidas por cualquier país del mundo” y que “avanzar juntos es la única garantía para superar la pandemia: La vacuna contra el COVID no puede ser una inversión comercial”. Puede saber más aquí y aquí.
Aunque la solidaridad internacional representa un aspecto clave de los esfuerzos de los gobiernos locales para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y a sus repercusiones en la discriminación, hay una miríada de iniciativas que se están llevando a cabo sobre el terreno con el mismo propósito. He aquí una lista:
- La alcaldesa de Barcelona ha defendido públicamente la Declaración de Barcelona para la Liberación de Patentes, que pretende liberar temporalmente las patentes de la vacuna, “permitiendo la transferencia de conocimientos y/o la producción para acelerar al máximo la capacidad de producción mundial de las mismas”. La alcaldesa se comprometió a llevar dicha declaración al gobierno nacional y a promover su apoyo entre otras ciudades y redes internacionales.
- El gobierno local de Ottawa reconoció el racismo como un problema de salud pública con el fin de aumentar la concienciación sobre la discriminación relacionada con la COVID-19 y contrarrestar el racismo. La misma ciudad también colaboró con el sistema de salud para recopilar datos sobre la relación entre COVID-19 y raza para “comprender mejor las barreras a la salud y la atención sanitaria en Ottawa, y los resultados sanitarios de las personas racializadas”.
- El gobierno local de Vancouver lanzó una campaña pública para contrarrestar las agresiones y el vandalismo antiasiáticos provocados por la pandemia. El lema de la campaña era “Es un problema de salud, no de raza: No hagas la vista gorda. La COVID-19 nos afecta a todos. El racismo no tiene por qué hacerlo”.
- El consejo municipal de Montreal denunció por unanimidad el racismo antiasiático mediante una moción local en la que se denuncian “los actos de odio, discriminación y violencia dirigidos contra los montrealenses de diversos orígenes asiáticos”, e invitó a otras ciudades a adoptar mociones similares.
- La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York llevó a cabo 30 formaciones a residentes que fomentaban su compromiso con la defensa diaria de los miembros de la comunidad que se enfrentan a prejuicios, discriminación o acoso en el espacio público. Estas intervenciones tenían como objetivo responder al clima sin precedentes de acoso antiasiático relacionado con el estigma de la COVID-19. En 2020, la Comisión creó un Equipo de Respuesta para hacer frente a la discriminación relacionada con el virus, señalando cómo “todos los neoyorquinos se enfrentan a niveles extraordinarios de estrés en este momento; la discriminación y el acoso no deberían estar entre ellos”.
- El gobierno local de Ciudad de México, a través de su Consejo para la Prevención de la Discriminación (COPRED), concienció sobre el agravamiento de los episodios de discriminación a los que se enfrentan los migrantes debido a la pandemia y promovió un estudio que identificó 23 buenas prácticas entre los gobiernos locales de América Latina para apoyar a los migrantes y prevenir el racismo.
- El gobierno local de Montevideo se centró en la discriminación que sufre la comunidad LGBTIQ+. Ya en marzo, la Secretaría de la Diversidad reforzó sus líneas de atención y apoyo público a través de la convocatoria “Estamos con vos”, ya que el contexto doméstico podría desencadenar niveles extraordinarios de estrés, vulnerabilidad o riesgo para estos montevideanos.
- Varias mujeres electas locales de Libreville celebraron un acto público para subrayar el papel clave que desempeñan las mujeres trabajadoras en los servicios de atención como algo esencial para hacer frente a la pandemia de COVID-19, y distribuyeron material de protección para garantizar su salud.
- El gobierno local de Sfax adoptó medidas extraordinarias para proporcionar un medio de vida básico a los residentes en riesgo extremo de vulnerabilidad y garantizar el acceso universal a la sanidad pública, especialmente a los migrantes en situación irregular, atacando al mismo tiempo las diferentes formas de prejuicio y discriminación mediante el diálogo comunitario.
- El gobierno local de Londres creó una sección web dedicada a informar a los ciudadanos no británicos sobre cuestiones relevantes relacionadas con la pandemia, como el acceso a la asistencia sanitaria y los planes de vacunación, los procedimientos de visado e inmigración o cómo obtener ayuda. En una declaración pública, el alcalde de Londres hizo un llamamiento en favor de la igualdad, denunciando cómo “las personas de raza negra tienen 1,9 veces más probabilidades de morir de COVID-19 que las de raza blanca” y “las madres trabajadoras tienen un 47% más de probabilidades que los padres trabajadores de perder o renunciar a su trabajo durante el brote”.
- El gobierno local de París dictó varias medidas destinadas a proteger a la comunidad LGBTQI+ en el periodo de cuarentena, entre ellas un acceso reforzado y adaptado a los servicios policiales, así como a los servicios de apoyo y atención psicosocial organizados a nivel comunitario.
- La ciudad metropolitana de Gwangju adoptó medidas específicas para garantizar la no discriminación en el acceso al aprendizaje electrónico y la educación en casa de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Se establecieron procedimientos específicos de coordinación y metodologías de aprendizaje para apoyar a los estudiantes sordos, ciegos y con discapacidades de desarrollo. La labor del Grupo de Apoyo al Aprendizaje en Línea de Educación Especial de Gwangju, que incluye el trabajo de 48 profesores locales, fue esencial en este sentido.
- El gobierno metropolitano de Seúl facilita el acceso de los extranjeros a las vacunas y emitió comunicados específicos al respecto. En consonancia con las premisas del sistema local de derechos humanos, la ciudad creó un grupo de trabajo para el apoyo integral a los hogares unipersonales que se enfrentan a diferentes obstáculos.
- La regencia de Wonosobo está trabajando en la puesta en marcha de una herramienta que facilitará a los residentes el acceso a los mecanismos de justicia de proximidad, la denuncia de violaciones de derechos humanos y otras formas de discriminación. La regencia pretende aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para capacitar a los residentes en la defensa de sus derechos.
En resumen, estas medidas muestran cómo los gobiernos locales se preocupan por las diversas necesidades de sus comunidades y tratan de proteger con especial énfasis a los que más sufren a raíz de la pandemia (normalmente los que se enfrentan también a mayores niveles de discriminación). La innovación en las políticas y el fomento de la cooperación con la sociedad civil son fundamentales para ofrecer soluciones eficaces, al tiempo que se genera confianza y una cultura de inclusión y atención a nivel local.
Sepa más sobre este tema:
- La perspectiva de la OACNUDH sobre la COVID-19 y sus múltiples dimensiones de derechos humanos: Acceda a varios discursos, declaraciones y op-eds producidos por la OACNUDH, incluyendo esta declaración de la Alta Comisionada.
- El Hub #BeyondTheOutbreak de CGLU incluye una gran diversidad de prácticas locales abordando la pandemia y sus impactos socio-económicos.