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La Comisión edita un estudio sobre el potencial de la democracia participativa para fomentar la inclusión social a nivel urbano

Con el objetivo de seguir alimentando el debate alrededor de cómo poner los mecanismos de participación ciudadana al servicio de la inclusión social y viceversa, la Comisión ha editado e impreso el estudio “Inclusión Social y Democracia Participativa: De la discusión conceptual a la acción local”, realizado en colaboración con el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Inspirado en políticas locales presentadas en el Observatorio Ciudades Inclusivas de la Comisión, el valor añadido del estudio reside en su voluntad de inspirar un enfoque renovado de las políticas municipales de democracia participativa e inclusión social.

Reivindicar las ciudades como bienes comunes frente a mercantilización y competividad

Fuertemente influenciado por las consecuencias de la crisis económica global iniciada en 2007, el estudio parte de la denuncia a su considerada causa: una “globalización articulada de forma casi exclusiva a través del mercado”. Así, este anota como el actual capitalismo global es capaz de generar tanto “oportunidades de enriquecimiento extraordinarias para determinadas élites y regiones” como “dislocación económica, precariedad laboral, desigualdad y fragmentación”. Con ello, el texto sigue por evaluar el impacto de la crisis sobre la misma gobernanza, pues esta no sólo “no ha conllevado una modificación de las características del sistema productivo global” sino que también “ha limitado las capacidades de los gobiernos para incidir de forma significativa en los problemas más básicos de los ciudadanos”.

En respuesta a los impactos de la crisis y la globalización, los municipios – como entidad de gobierno más próxima a la ciudadanía y al territorio, donde los efectos de la crisis son particularmente evidentes – y sus gentes pueden aliarse alrededor de la noción del Derecho a la Ciudad: lo urbano como un espacio co-creado, al servicio del bien común, en oposición a la creciente mercantilización de lo público y de dinámicas competitivas entre grandes áreas metropolitanas.

Según la publicación, aunque los gobiernos locales estén lejos de ser “actores políticos de primer orden” en el mundo globalizado, no es menos cierto que las ciudades son “el principal campo de batalla en la lucha para la democracia, la participación y la inclusión” y que los gobiernos locales cuentan con “más margen de maniobra que hace 30 o 40 años para desarrollar estrategias y políticas propias”.

¿Cómo vincular las políticas de inclusión social y democracia participativa?

De todas estas estrategias y políticas públicas que los gobiernos locales pueden desarrollar para combatir las desigualdades y promover ciudades más justas, se identifica pronto a la inclusión social y la democracia participativa como puntos de partida idóneos el estudio y vinculación de los cuales constituye el hilo conductor del estudio.

A lo largo de sus tres primeros capítulos, se estudia tanto el concepto de la inclusión (como “ideal normativo y proyecto político en las sociedades urbanas”) como el de la participación (“ariete de la inclusión en un sistema democrático”). En el análisis, el lector encontrará reflexiones teóricas para interpretar las múltiples dimensiones de la inclusión (como ocupación, reconocimiento, vinculo…), así como un análisis crítico de las consideradas “contradicciones y debilidades” de su discurso asociado.

@ Fátima Santiago | UCLG Communication

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Especial énfasis se dedica al que el texto llama “democracia excluyentes y generadoras de exclusión”: un fenómeno históricamente arraigado que se traduce en formas de “exclusión explícita e implícita en las democracias contemporáneas”. En aras de fomentar la cultura de la participación, el texto evalúa varios modelos y visiones de democracia participativa, dando importancia a conceptos como el consenso, la finalidad, la implicación de la sociedad civil o la calidad deliberativa de los procesos participativos.

De la reflexión a propuestas para la acción local

A corte de conclusión, se ofrece un inventario de instrumentos y principios normativos y operativos para políticas de inclusión locales fuertemente interrelacionadas con la participación. Capaces de inspirar iniciativas locales innovadoras en estos ámbitos, se propone políticas con fines integrales, como “elaborar y aprobar un plan local de inclusión social (…) con recursos, un compromiso firme a nivel de participación y un potente sistema de indicadores” o bien centrarse en objetivos igualitarios (como eliminar los llamados “sesgos socio-demográficos de la participación”) o incluso empoderadores, enfocándose tanto en las personas más excluidas.

Como corolario de estas iniciativas, la publicación subraya los impactos positivos de la participación democrática en las dimensiones de la inclusión social que justifican políticas locales concretas en ámbitos como la ciudadanía activa, el acceso al trabajo, la no discriminación, el acceso a los servicios y la protección social, a la educación y a la cultura y para la generación de vínculos y capital social.

La Comisión prosigue su trabajo de articulación de iniciativas urbanas en inclusión y participación bajo una perspectiva de derechos humanos

En sintonía con el planteamiento general del documento, la Comisión ha venido articulando, acumulando experiencia y poniendo en común iniciativas locales de inclusión social y participación a lo largo del tiempo.

En el último año, la Comisión recogió el testimonio de ciudades como Toronto, que promueve una política de inclusión integral con la participación directa de las personas más excluidas; de Grenoble, que lleva a cabo esfuerzos para asegurar el derecho a la participación política de sus residentes extranjeros y promover un nuevo concepto de ciudadanía urbana; o incluso Montevideo, que promueve una estrategia de derecho a la vivienda basada en la participación y la colaboración con la ciudadanía y la sociedad civil organizada en el marco de las iniciativas de cooperativas de vivienda.

Otras publicaciones de la Comisión, como “Cohesión Social y Diálogo Intercultural e Interreligioso”, han puesto en común múltiples prácticas y el resultado del intercambio entre ciudades en materias como el rol del dialogo intercultural en el refuerzo de la cohesión social a nivel urbano. El programa de monitoreo de los derechos humanos en las políticas de inclusión social implementado en la política Bogotá Humana, por otro lado, puso en evidencia la idoneidad de vincular, dado su potencial transformador, la participación comunitaria con políticas de inclusión social a escala local.

Desde la iniciativa de sus miembros, la Comisión no ha dejado de articular este debate en el ámbito del derecho a la ciudad y los derechos humanos: un espacio desde donde defender un contrato social renovado entre gobiernos locales y una ciudadanía activa, y desde donde implementar políticas locales de inclusión social y participación transformadoras.

Para acceder al estudio completo haga clic en este enlace