Estrasburgo

Los gobiernos locales son entidades territoriales cuyos representantes políticos rinden cuentas a sus ciudadanos y deben garantizar la prestación de servicios públicos como la educación, la salud y la vivienda. Su papel esencial en la protección de los derechos humanos es indiscutible. En nuestras sociedades, marcadas por la desigualdad, la discriminación, la dificultad para encontrar vivienda asequible y la falta de acceso a servicios adecuados de salud y educación, los derechos humanos tienen efectos a nivel local. 

Dado que los gobiernos locales están estrechamente vinculados a sus electores, desempeñan un papel fundamental en la realización de los derechos humanos. Por ello, los gobiernos locales y sus representantes deben estar a la vanguardia de la defensa y promoción de los derechos humanos. Debido a la proximidad entre los funcionarios electos y sus electores, los niveles local y regional son los más indicados para analizar la situación del respeto a los derechos humanos, identificar los problemas que surgen e implementar soluciones eficaces para resolverlos. Es en el terreno, en las regiones, ciudades y barrios, lo más cerca posible de la vida cotidiana, donde los derechos humanos deben cobrar vida. 

Las responsabilidades de los gobiernos locales y regionales son cada vez más diversas y complejas. Estas autoridades toman decisiones individuales y generales, en particular en materia de educación, vivienda, salud, medio ambiente y aplicación de la ley, que repercuten directa o indirectamente en los derechos humanos y pueden afectar su disfrute por parte de las personas. 

Las responsabilidades de los dirigentes políticos y de los funcionarios públicos de los gobiernos locales son:

• Respetar (abstenerse de cualquier violación de los derechos humanos individuales),

• Proteger (proteger los derechos humanos contra violaciones por parte de otros),

• Implementar (establecer y/o mantener sistemas para hacer cumplir los derechos humanos),

• Promover (fomentar la comprensión y el respeto de los derechos humanos). 

En Estrasburgo, hemos optado por utilizar el presupuesto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar con legitimidad. 

Desde 2020, se ha vuelto esencial convertir el presupuesto en la palanca principal de una transformación orientada a la sostenibilidad, y los ODS adoptados por la ONU en 2015 nos han proporcionado el marco. El presupuesto de una administración pública francesa se basa en un marco contable relativamente rígido. Está constantemente sujeto a incertidumbres fiscales, cambios en las asignaciones, crisis socioeconómicas y, por naturaleza, siempre es insuficiente. Sin embargo, dados los desafíos (climáticos, sociales y democráticos) que enfrentamos, es necesario no solo hacer que la acción pública sea más comprensible para todos (agentes y ciudadanos), sino también aumentar la capacidad de impacto y acción. Los ODS se han convertido en un marco extremadamente potente para la transformación por tres razones:

• Suponen un cambio de valores, se basan en los derechos humanos, expresan la voluntad de satisfacer las necesidades humanas (hambre, pobreza, salud, educación, agua, empleo, etc.), destacan la necesidad de prestar atención a los más vulnerables y han introducido la noción de gobernanza de los bienes comunes.

• Son a la vez "universales" y "territorializados", lo que permite por una parte su libre apropiación pero también revela por otra parte la alineación esencial de acciones entre las diferentes escalas.

• Se construyen de manera sistémica, lo que permite comprender la complejidad de las interacciones (en contradicción, en sinergia o por apalancamiento) y, si bien definen una dirección, el camino depende de la decisión de cada uno, con sus necesarios compromisos e incluso renuncias. 

Nuestro enfoque de "Presupuesto ODS" se ha desarrollado a lo largo de varias ediciones y podemos distinguir tres componentes: un mapeo de políticas públicas específicas del territorio, una metodología de aplicación al presupuesto anual (de inversión y operativo) y un proceso de asistencia a la dirección departamental, actualmente en fase de prueba. Este enfoque se enmarca en la clara voluntad de proporcionar al ejecutivo local un instrumento de gobernanza transformadora. 

Así, el mapa del Presupuesto de los ODS se presenta durante la votación del Presupuesto Provisional, en paralelo con el Informe de Desarrollo Sostenible. Permite presentar las prioridades financieras anuales en relación con los objetivos generales, de forma clara y analítica, a toda la ciudadanía, lo cual supone un avance. Sin embargo, dado el interés generado por este trabajo, en particular por parte de los responsables administrativos y financieros, que lo vieron como una herramienta para dar sentido a sus acciones, y debido a las nuevas restricciones presupuestarias derivadas de la crisis energética, se decidió profundizar en su capacidad transformadora de forma operativa. 

Por ello, el tercer componente, actualmente en fase de prueba, consiste en apoyar a los departamentos, que constituyen la unidad central de construcción del presupuesto, para gestionar mejor su acción. 

Inicialmente, el mapeo debería permitir una mejor comprensión de las sinergias y contradicciones en juego, para así ofrecer respuestas. Se podrán enviar recomendaciones a los departamentos, que deberán tenerse en cuenta para el año siguiente. En segundo lugar, se aplicarán otros dos filtros a la matriz inicial de los ODS: uno relacionado con el clima, la evaluación del carbono, y otro social, la evaluación con perspectiva de género. Ambos permitirán identificar gastos desfavorables y, por lo tanto, fundamentar los debates y las decisiones políticas posteriores. 

En un momento en que los desafíos globales nos movilizan a todos, los gobiernos locales están llamados a llevar a cabo transformaciones con recursos financieros limitados. Esta restricción financiera y la urgencia a menudo las obligan a optimizar el presupuesto o a renunciar al gasto, a veces con el riesgo de generar cierto descontento social. Por lo tanto, se hace cada vez más necesario respaldar decisiones con verdadera legitimidad, ya sea que provengan de una situación científicamente establecida (cuantificada) o socialmente aceptada (debatida). Esta restricción también exige un trabajo real para alinear acciones, entre escalas, y, por lo tanto, invita a la apertura de espacios esenciales para el diálogo político para, en este mundo interdependiente, trabajar colectivamente en la misma dirección.