Valencia ha sido la última ciudad en adherirse a la Declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada" este 2020, tal y como ya anunció su concejala de Servicios Sociales y Vivienda Isabel Lozano durante la reunión de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre Vivienda celebrada en junio. En los últimos años, la ciudad ha llevado a cabo diversas iniciativas con el fin de ampliar la oferta de vivienda asequible y adecuada, tanto mediante la ampliación de la oferta de vivienda pública como mediante la promoción de programas de rehabilitación o de cooperación con el sector privado. Este artículo explora varios aspectos de su política reciente sobre vivienda, incluyendo dos iniciativas llevadas a cabo por el municipio en 2020.
Vivienda adecuada en Valencia: Contexto local y visión política
Reforzar el acceso a la vivienda adecuada y asequible es una prioridad fundamental para Valencia - una visión política clara que se ha vuelto en aún más urgente debido a la forma en que la COVID-19 está afectando al contexto local de la vivienda. Tal y como compartió la Concejala Isabel Lozano en su participación en la última reunión de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre vivienda, a pesar de que en los últimos años hemos visto muchos avances en cuanto a la garantía de derechos sociales y económicos, el derecho a la vivienda sigue estando claramente menos desarrollando. La crisis de la COVID-19 no ha hecho sino agravar esta situación, afectando especialmente las condiciones de los hogares vulnerables y más propensos a sufrir discriminación.
A fin de reforzar las políticas públicas de vivienda como medio para atajar muchos de esos retos, Lozano reclamó más inversiones, una mayor coordinación entre esferas de gobierno y mayor cooperación con el sector privado. Esto también debería permitir a los gobiernos contar con herramientas de regulación de los precios del alquiler en el mercado privado a fin de garantizar mayor asequibilidad y adecuación. Aunque Valencia está poniendo en marcha varias medidas en este sentido, resulta difícil superar el punto de partida inicial, que es contar sólo con 800 viviendas públicas (de las cuales 350 de titularidad municipal directa) para una ciudad de 800.000 habitantes.
Reforzar la oferta de alquiler asequible en la ciudad
En los últimos meses el Ayuntamiento ha aprobado una convocatoria para adjudicar 20 viviendas en régimen de alquiler asequible. Estas están situadas en zonas céntricas de la ciudad y han sido totalmente rehabilitadas en los últimos meses. Se ha dado prioridad al acceso de residentes en riesgo de vulnerabilidad, incluyendo una gran diversidad de perfiles de clase media para los que el acceso a una vivienda a precios de mercado supone un reto. Entre ellos figuran grupos como jóvenes, tercera edad, personas con discapacidad, víctimas de desahucios, víctimas de violencia de género, familias monoparentales/monomarentales o familias numerosas. En perspectiva, esta iniciativa abre una nueva fase para la política de vivienda de la ciudad. En primer lugar, porque muestra una apuesta por el alquiler social asequible. En segundo lugar, porque tiene por objeto ampliar el número de perfiles de residentes que se beneficiarán de esas políticas. Finalmente, porque está diseñada de forma integrada con los esfuerzos de la ciudad por reforzar la cohesión y residencialización de los barrios.
Cooperar con propietarios privados para fomentar la rehabilitación y movilizar viviendas vacías para el alquiler social asequible
Uno de los mecanismos mediante los cuales Valencia pretende reforzar la disponibilidad de vivienda asequible es mediante la movilización de viviendas vacías. En este sentido, la ciudad ha justo puesto en marcha el programa “Reviure” que concederá subvenciones (de un máximo de 20.000 euros por unidad) a propietarios privados que deseen rehabilitar sus viviendas, siempre con la condición de que esas unidades se ofrezcan posteriormente a precios asequibles a residentes solicitantes de vivienda pública. Estas unidades deberán ponerse a disposición de los programas de viviendas de alquiler asequible durante al menos cuatro años. El programa cuenta con una financiación municipal inicial de 500.000 euros, representando una clara muestra de innovación política y cooperación público-privada por parte de Valencia en vistas de reforzar la garantía local del derecho a la vivienda.