Después de más de 15 años de debate, y como resultado de una campaña liderada por Bolivia, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho al agua potable como un derecho fundamental adoptando una resolución por 122 votos a favor y 41 abstenciones. Este avance histórico nos recuerda que más de 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable de calidad y que más de 2,6 billones de individuos no disponen de instalaciones sanitarias básicas. Para combatir esta situación, el texto interpela a Estados y organizaciones internacionales a proporcionar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo con la finalidad de "aumentar los esfuerzos dirigidos a procurar a todas las personas agua de calidad, limpia y accesible, así como instalaciones sanitarias".
Para que el derecho humano al agua devenga una realidad se requiere, sin embargo, construir una nueva gobernanza que tenga en cuenta a los gobiernos locales en el suministro de agua y el mantenimiento de las infraestructuras sanitarias. Desde esta óptica trabaja la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de CGLU, tal como pone de manifiesto el proyecto de Carta-Agenda Mundial de los derechos humanos en la ciudad, en el que también se reconoce el derecho al agua como derecho humano.