La protección de los migrantes es una cuestión importante para los gobiernos locales en el contexto de la crisis del COVID-19. Esta línea de trabajo incluye comunicar sobre la crisis y las medidas de salud emprendidas, garantizar el acceso al derecho a la salud y a la alimentación, coordinar con las asociaciones locales o llamar la atención sobre la urgencia de la situación para las personas migrantes entre los diferentes niveles de gobierno... Una de las últimas Experiencias de Aprendizaje en Directo #BeyondTheOutbreak organizada por CGLU y el proyecto MC2CM abordó estas preguntas, destacando en parte las respuestas y dificultades para enfrentar esta situación desde la perspectiva de los gobiernos locales, así como poniendo en valor la emergencia de lógicas de solidaridad sin precedentes.
Esta experiencia de aprendizaje contó con la participación de autoridades locales del proyecto MC2CM y la CGLU-CISDPDH como Sfax o Sousse (Túnez), así como de gobiernos locales también comprometidos con la defensa de los derechos humanos, como Grenoble (Francia), Lampedusa (Italia) o Quito (Ecuador). Compartir las políticas e iniciativas implementadas por los gobiernos locales sobre estos temas mostró diferentes ámbitos desde donde desarrollar respuestas a las necesidades de los migrantes. Se trata, entre otras palabras, de encontrar formas para proteger a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en temas como el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda o al trabajo (a menudo vinculado con la informalidad).
La ciudad de Sfax compartió en este contexto su estrecha y exitosa colaboración con asociaciones locales y socios internacionales como la OIM a efectos de proporcionar a los residentes migrantes canastas de alimentos, fondos solidarios o incluso acceso a atención médica hospitalaria. Las ciudades de Grenoble, Alhucemas y Rabat destacaron asimismo como encontraron formas de proporcionar alojamiento de emergencia a aquellos residentes migrantes que lo necesitaban, especialmente a través de acuerdos con hoteles o equipamientos públicos, a efectos de garantizar una cuarentena en condiciones lo más dignas posibles. Lampedusa aprovechó esta ocasión para alertar sobre la necesidad de combatir el racismo; mostrando que las autoridades locales previamente comprometidas con la protección de los derechos ya cuentan con herramientas que permiten trabajar en este sentido, como medidas de diálogo social y comunitario, instrumentos de comunicación o mecanismos de participación.
En este sentido, el alcalde de Grenoble, el Sr. Eric Piolle, recordó la necesidad de que las personas migrantes sientan que pertenecen plenamente a la comunidad local y que están incluidas sin distinción en la lógica de solidaridad social que está surgiendo en estos tiempos de pandemia. Los gobiernos locales también han sido sensibles a la necesidad de abordar aquellas barreras de comunicación y de acceso a la información existentes y afectando las personas migrantes, destacando la necesidad de ganar su confianza y contar con datos adecuados que permita conocer su situación a efectos de proporcionar respuestas efectivas a esto respeto En muchos casos, la coordinación entre autoridades locales en un mismo país, pero también con el Estado y otros esferas de gobierno, parece ser un factor clave en el éxito de las respuestas proporcionadas
Finalmente, y como recordó la concejala de Quito, Sra. Gissela Chalá, la crisis del COVID-19 “muestra el valor de los servicios públicos y la importancia de fortalecer la institucionalidad de las medidas de derechos humanos y las políticas con la migración”, enfatizando así la necesidad de ir más allá en las lógicas de solidaridad vinculadas a la emergencia y promover su institucionalización como políticas públicas a través de un enfoque basado en los derechos. El alcalde de Al Hoceima y presidente de CGLU, Mohamed Boudra, animó los gobiernos locales a que aprovechen esta crisis como trampolín para desarrollar un nuevo enfoque hacia la inclusión de las personas migrantes, basado en la solidaridad y los derechos humanos. Las personas participantes también destacaron la importancia de la incidencia a nivel nacional e internacional, así como el trabajo en red con las comunidades locales. Todas estas iniciativas se consideraron esenciales para garantizar el éxito de las medidas de cuarentena y garantizar que las ciudades sigan siendo espacios de oportunidad, inclusivos, participativos y abiertos.
La sesión estuvo abierta a la discusión con varios socios internacionales destacados, como ICMPD o ONU Hábitat, así como con varias organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Griego para los Refugiados; cuyo representante, el Sr. Spyros Oikonomous, animó a los participantes a que “observen cómo las personas se organizan dentro de sus comunidades para hacer frente al impacto de COVID-19, a veces compensando la falta de asistencia de las autoridades públicas; pero también escuchar lo que tienen que decir e incluirlos en las discusiones sobre el desarrollo de políticas de respuesta”, enfatizando así la importancia del diálogo entre la sociedad civil y las autoridades locales para superar esta crisis juntos a través de la acción colectiva.