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Derecho a la vivienda y al domicilio

1. Todas las personas que habitan en la ciudad tienen derecho a:

a) Una vivienda digna y salubre en un entorno de centralidad urbana.

b) La seguridad del título jurídico sobre su vivienda y sobre el lote de terreno.

c) La domiciliación en el padrón sin condiciones.

d) Los nómadas tienen derecho a espacios de implantación adaptados a sus necesidades.

2. Las ciudades concilian sus planeamientos en lo relativo a suelo y promoción de la vivienda para adecuarlos a las necesidades económicas, sociales y culturales de la mayor parte de la población, en particular los colectivos más vulnerables.

La ciudad toma medidas para mejorar la regulación del mercado local de la vivienda a fin de asegurar opciones accesibles para los colectivos más vulnerables.

La ciudad combate la marginación y la segregación espacial a través de intervenciones fundadas en la inclusión y en la diversidad social. Asimismo, la ciudad reconoce un derecho al domicilio de todos sus habitantes mediante la promoción de la garantía de su título de ocupación, particularmente de los colectivos más vulnerables y en especial de los habitantes de asentamientos informales.

La ciudad toma medidas adecuadas para ofrecer, en colaboración con otras autoridades competentes, una morada provisional digna a las poblaciones sin hogar, así como un emplazamiento adecuado para las poblaciones nómadas. Permite la domiciliación administrativa de las personas sin techo en asociaciones, a fin de asegurar su acceso a los servicios sociales, en particular los servicios de salud, en la ciudad.

3. En el ejercicio de sus responsabilidades, los habitantes de la ciudad hacen un uso apropiado de su vivienda habitual y promueven las relaciones de buena vecindad. Cuando son propietarios de múltiples viviendas tienen presente que, junto a otro tipo de réditos, la vivienda tiene una función social.

Programa de acción sugerido

A corto plazo:

a) Evaluación de las necesidades de alojamiento en función del perfil de la población de la ciudad y creación o refuerzo de un servicio municipal de apreciación de dichas necesidades.

b) Evaluación de la situación de los asentamientos informales en la ciudad y diálogo con sus actores para asegurar sus posesiones y estatus, y mejorar sus condiciones de vida.

c) Suspensión inmediata de los desalojos que no cuenten con todas las garantías procesales, respeten el principio de proporcionalidad y prevean una compensación justa, especialmente para los asentamientos informales; así como establecimiento de un sistema de protección y alojamiento alternativo para las personas que son desalojadas.

d) Incremento de suelo público a través de un desarrollo urbano, planeamiento y distribución por zonas bien planificado y con participación ciudadana en favor de la población de baja renta.

e) Establecimiento de un servicio especializado para migrantes con la voluntad de integrar y colaborar con las asociaciones de migrantes en los procesos de negociación y gestión de las políticas y servicios locales relativos a vivienda y domicilio.

f) Observación atenta de las necesidades de las personas de paso y otras poblaciones nómadas en el ámbito de la vivienda.

g) Adopción de un plan de construcción de vivienda pública o protegida, accesible para las personas de baja renta, así como de provisión de refugios dignos para las personas sin hogar.

A medio plazo:

a) Establecimiento de un procedimiento de regularización dominial de tierras, implicando en su caso al gobierno supramunicipal competente, que establezca plazos y no sea discriminatorio, en particular en detrimento de las personas y colectivos más desfavorecidos. En caso de mora o inacción estatal o peligro de desalojo, los pobladores de asentamientos informales podrán reclamar judicialmente la regularización de su vivienda.

b) Promulgación de la normativa adecuada para garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles públicos y privados no utilizados, infrautilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la función social de la vivienda. Se promoverá la acción legislativa a escala regional o nacional cuando sea necesario.

c) Adopción de normativa municipal que garantice la accesibilidad de las viviendas para las personas con discapacidad y establecimiento de un plan de inspecciones en colaboración con los colectivos afectados.

d) Adaptación de la normativa municipal para que reconozca el carácter jurídicamente exigible del derecho a la vivienda.

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