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Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad

La Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad busca promover y reforzar los derechos humanos de todos los habitantes de todas las ciudades del mundo. Todas sus disposiciones se aplican a todos los habitantes de la ciudad, ya sea a título individual o colectivo, sin discriminación.

Nuestra Comisión dinamizó el proceso de redacción de la Carta a efectos de contribuir a la promoción internacional de los derechos humanos y el derecho a la ciudad. Esta iniciativa surgió del Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social y la Democracia Participativa (FAL) que tuvo lugar en Caracas en 2006. Sobre la base de las discusiones entre gobiernos locales de todo el mundo, expertos de varios países redactaron un primer borrador (2007-2008), que luego fue discutido y enmendado por representantes electos, expertos y representantes de la sociedad civil de todo el mundo.

Bajo la iniciativa de la Diputación de Barcelona y de la ciudad de Nantes y de la Región Pays de la Loire, la Carta fue debatida colectivamente en varios eventos internacionales. Centros de investigación como el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra también participaron en este proceso.

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El valor añadido de la Carta reside en que todos los derechos mencionados en el documento se acompañan de un plan de acción que sirve de referencia para que los gobiernos locales den pasos concretos en su implementación. El texto prevé que las ciudades signatarias elaboren una agenda local calendarizada y con indicadores para dar seguimiento a la aplicación de cada uno de los derechos. 

La Carta-Agenda entrará en vigor en cada ciudad tras un proceso de consulta que permita a sus habitantes debatirla y adaptarla a la realidad local y al marco nacional; y mediante adopción por una mayoría cualificada de la asamblea municipal. El resultado de este proceso será la adopción de una Carta-Agenda Local por parte de cada municipio signatario.

El Consejo Mundial de CGLU de 2011 adoptó formalmente la Carta e invitó a todos sus miembros a firmarla. En la actual situación de crisis económica y de retroceso en la garantía de los derechos, esta constituye una herramienta al servicio de los gobiernos locales para contribuir a construir sociedades más inclusivas, democráticas y solidarias en diálogo con sus habitantes.