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Política Pública de Envejecimiento y Vejez de la Bogotá Humana

Bogotá
Colombia

En muchos casos, los procesos de urbanización conllevan una transición demográfica, en la cual la franja de la población de personas mayores de 60 años incrementa de forma rápida.  Es el caso de Bogotá, donde, entre el 2005 y el 2020, la población mayor habrá pasado del 8,2% de la población al 14%.  En un contexto de dificultades estructurales respecto a las pensiones a nivel nacional, y en el que los mecanismos de solidaridad intrafamiliar o comunitarios tienden a perderse, los ancianos son una de las poblaciones más excluida de las áreas urbanas.  Garantizar la capacidad de las personas mayores de disponer de bienes económicos y no económicos, así como de ambientes favorables de permanencia y disfrute de sus derechos, se presenta todavía como un desafío en nuestras sociedades. Generar las condiciones para un envejecimiento con dignidad y seguridad es, sin duda, un elemento que se suma a la lucha contra la pobreza. Lo es, en definitiva, como una de las directrices que componen la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, que busca la erradicación de la pobreza y el hambre de todas las maneras, promoviendo la dignidad y la igualdad entre las personas. 

Sintonizadas, la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez-PPSEV (2010-2025) y el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” (2012-2015), delinean, desde la esfera local, las bases de construcción de un proyecto de futuro de ciudad poniendo énfasis en el valor del ser humano y sus derechos. Como lo declara el Plan de Desarrollo en el Eje 1: “El ser humano está en el centro del desarrollo”. Un supuesto que hace eco en la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad (2010), que tiene como objetivo la promoción y consolidación de los derechos humanos de todas las personas que habitan todas las ciudades del mundo.

Específicamente, la PPSEV (2010-2025) circunscribe su intencionalidad al resguardo de los derechos de las personas mayores, declarando como objetivo general la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de sus derechos sin distingo alguno. Su materialización, progresiva y sin reversibilidad, demandará de esfuerzos públicos así como del compromiso y participación de la sociedad en su conjunto, a partir de sus esferas cotidianas de actuación o por intermedio de los espacios constituidos para el control social. Ejercicios de monitoreo contribuyen, en buena medida, como insumos de reflexión a partir de los cuales observar, desde una óptica de derechos, los avances realizados y los desafíos planteados por el debate.