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La democracia participativa

Región Poitou-Charentes
Francia

 

La política participativa de la Región Poitou-Charentes surgió a finales de 2004 con la llegada al poder de Ségolène Royal y, desde dicha fecha, no ha dejado de evolucionar y de desarrollarse. Llegando potencialmente a todos los usuarios de los servicios públicos regionales, pretende hacer participar al público en las decisiones regionales. Se concentró primero en los institutos, antes de extenderse progresivamente, mediante el recurso al sorteo, a otras políticas públicas, como el transporte, el medio ambiente o la economía. Esta política ha conocido una evolución reciente importante, con la implantación de criterios de justicia social –definidos por los propios usuarios, mediante un proceso participativo–  con el fin de aumentar el carácter redistributivo de estas políticas.

Más allá de la promoción de la justicia social y la redistribución de las riquezas hacia grupos sociales o territorios más desfavorecidos, esta política persigue objetivos políticos, cívicos y administrativos. Se trata en primer lugar de democratizar la acción pública regional, y, en particular, la política educativa –una de las competencias centrales de la Región es la gestión de los institutos de enseñanza secundaria– incluyendo cada vez más en la definición de los objetivos y la elección de las prioridades presupuestarias. La política participativa de Poitou-Charentes constituye asimismo un espacio de aprendizaje de la ciudadanía y de la educación a los asuntos públicos, cuyo objetivo consiste en desarrollar el civismo mediante la participación, centrándose sobre todo en los jóvenes. Por último, esta política intenta modernizar la administración regional, reforzando la transversalidad entre departamentos y acelerando el ritmo de las decisiones públicas con el fin de responder más rápidamente a las necesidades de la población.

Por definición, esta política participativa da prioridad en su funcionamiento la participación de los usuarios. La idea central de esta actuación es que la persecución de objetivos sociales y políticos y, en particular, la reducción de las desigualdades, no puede hacerse sin la participación directa del público que debe expresar sus necesidades y sus expectativas y que pueda, eventualmente, conocer un proceso de empoderamiento. Esta actuación, apoyada por la administración regional no está institucionalizada desde un punto de vista legal puesto que las regiones francesas no disponen de poder legislativo. Sin embargo, podemos constatar una institucionalización de hecho porque las políticas implantadas sufren  un proceso de rutinización y de arraigo en la cultura política regional. La política participativa de la la Región está financiada principalmente por la Región, por un importe relativamente modesto, que se resume en el empleo de algunos agentes territoriales encargados de la organización de la participación. Sin embargo, algunos proyectos recibieron el apoyo financiero de la Unión Europea.

La política participativa se ha traducido efectivamente en una democratización de la actuación regional, sobre todo en el ámbito de la política educativa. Uno de los resultados más importantes de esta experiencia se refiere también a la modernización de la administración regional. Desde el punto de vista social, los resultados son más contrastados. Si bien esta política ha permitido efectivamente una reorientación de los recursos en favor de los actores  menos influyentes en el proceso decisorio regional hasta entonces (en particular, los jóvenes y las clases populares), se han observado algunos efectos anti redistributivos ya que algunos actores o territorios logran captar recursos mediante los procesos participativos, aun cuando están en una situación relativamente favorable). Sin embargo, la reciente  incorporación de criterios de justicia social en el marco del presupuesto participativo de los institutos de enseñanza secundaria debería responder en parte a este problema.

La política participativa de la Región de Poitou-Charentes se enfrenta a dos obstáculos más profundos. En primer lugar, las reticencias, o incluso la resistencia de los técnicos, cuya identidad profesional veían cuestionada, al igual que los directores de los institutos y sindicalistas que tenían la sensación de perder poder a raíz de la creación de dispositivos participativos. Por lo tanto, únicamente una fuerte voluntad política es capaz de garantizar la progresión de una política participativa eficaz. Por otra parte, resulta complicado gestionar el proceso desde el punto de vista administrativo ya que exige una fuerte movilización del personal regional, lo cual tiene evidentemente un coste.