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Las Políticas de Inclusión como Garantía de la Afirmación de Derechos

4. La exclusión social se manifiesta en los territorios. En los centros históricos degradados y las periferias de grandes ciudades, particularmente en su extensión metropolitana; en la proliferación de “chabolas”, “favelas” o “villas”; en las condiciones de irregularidad de muchas personas inmigrantes; en el trato desigual y discriminatorio hacia las mujeres, las diferentes orientaciones sexuales o los grupos etnoculturales minoritarios; en la ausencia de políticas de igualdad de oportunidades para el colectivo de jóvenes en situación de riesgo social; en la falta de atención a la infancia y las personas mayores; en la inadecuación de los espacios y servicios públicos respecto a las personas con discapacidad; en la falta de acceso al transporte público, especialmente para las personas en situación de desventaja social o económica.

5. En consecuencia, desde el punto de vista de su concepción y sus criterios de gestión, las políticas de inclusión deben garantizar el acceso universal a los servicios básicos y la salvaguarda de los derechos de ciudadanía; tienen que orientarse, asimismo, a la transformación de la realidad social según dictan los valores de equidad, solidaridad y respeto por las diferencias; y, por último, deben comprometerse con el devenir del mundo, promoviendo el desarrollo sostenible y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

6. Las políticas de inclusión se dirigen a satisfacer tanto las necesidades materiales para llevar una vida digna como aquellas relacionadas con el vínculo social. En ellas hay que encajar la diversidad social y el derecho a la diferencia, con la promoción de relaciones igualitarias que reduzcan las inequidades económicas, sociales y culturales. En particular, las políticas de inclusión social deben garantizar la reducción de la pobreza y generar empleo y renta; deben promover la salud, la autonomía personal, la atención a la dependencia y el apoyo a las familias; deben asegurar una vida autónoma y digna a las personas con discapacidades; deben conciliar los tiempos de trabajo remunerado, de cuidados y de crianza con el tiempo de ocio; deben proteger a la infancia y a las personas mayores frágiles; deben democratizar el acceso a la cultura, la información y la formación permanente; deben desarrollar un modelo urbano basado en las relaciones de proximidad y en una movilidad accesible y sostenible mediante transporte público de calidad; y, finalmente, deben impulsar la democracia y una ciudadanía crítica, participativa y corresponsable.

7. La exclusión también se manifiesta en la segregación espacial de la población y la privatización del espacio público. Por ello, las políticas inclusivas deben tener por objetivo una política urbanística integradora y respetuosa con la diversidad social que evite la creación de concentraciones segmentadas de la población, sea por razones de origen etnocultural o social. Es necesario combatir la segregación espacial a través de acciones como: rehabilitar de forma integral los barrios; dotar a las zonas urbanas más desfavorecidas de espacios y equipamientos públicos de calidad; promover usos diversificados del suelo; impulsar la mezcla social en materia de vivienda, a fin de que converjan gentes de diferentes orígenes y niveles socioeconómicos en un mismo territorio; eliminar las barreras arquitectónicas que puedan aislar a determinados barrios; y, por último, tener en cuenta la variable de género en la configuración urbanística.

8. En relación con esta cuestión, mención especial requieren las regiones metropolitanas, dado que constituyen continuos urbanos, sociales y económicos decisivos en las actuales condiciones de globalización. Por ello, es necesario concertar políticas y servicios entre entes locales de una misma área metropolitana en aras de una mayor eficacia de las políticas llevadas a cabo. Desde la óptica metropolitana, hay que priorizar la atención a las personas (en términos de salud, educación, servicios sociales, vivienda y promoción de la ocupación de calidad), así como mejorar su movilidad. Por otro lado, y en tanto que enclaves económicos mundiales, resulta necesario planificar y desarrollar infraestructuras que comuniquen las metrópolis con el mundo.

9. En la medida de lo posible, los gobiernos locales deben anticiparse a los problemas sociales. Ello implica, por un lado, abordar desde un prisma estructural el conjunto de factores que generan situaciones o riesgos de exclusión, y, por otro, fundamentar la acción local en un diagnóstico previo de las necesidades. Para ello, deben crearse instrumentos capaces de medir el impacto de las políticas del tipo de observatorios sociales. Por otro lado, la sostenibilidad política y financiera debe ser un criterio fundamental para el diseño de las políticas de inclusión, así como la formación continua de todos los actores involucrados en la acción. Estas políticas, por último, deben articularse a través de programas urbanos integrales orientados a la inclusión de los colectivos en situación de riesgo social.

10. Debido a las diferentes competencias políticas entre diversos niveles de gobierno (local, metropolitano, regional, nacional y transnacional), resulta necesaria una articulación multinivel que asegure un encaje adecuado entre la política local de inclusión y las políticas supralocales.

11. Eso es especialmente relevante en la medida en que, por lo general, el ámbito local no dispone de mecanismos esenciales de inclusión, como la política de ocupación, vivienda o movilidad urbana, entre otros. Por lo tanto, es necesario reclamar a los poderes estatales más participación en las competencias clave para la inclusión social, así como una mayor descentralización de recursos para que los gobiernos locales puedan sostener tales políticas. La eficacia de las políticas de inclusión depende en buena medida del nivel de descentralización de las competencias y los recursos existentes.