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El enfoque de derechos a través del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana

Entre septiembre y diciembre del 2015, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU y la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá emprendieron un proceso de  Monitoreo de las políticas públicas de Primera Infancia, Envejecimiento y Vejez y Habitabilidad de Calle de la Alcaldía a la luz de la garantía de los Derechos Humanos de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la ciudad.

Se trataba de ver cómo las políticas públicas locales de acción social, alcanzan garantizar de forma concreta los derechos previstos en la carta. Este ejercicio permitió también retro-alimentar la Carta con políticas públicas que desde los territorios permiten desarrollar los derechos y en ocasiones, ir más allá, consagrando nuevos derechos desde realidades urbanas complejas y cambiantes. Para ello, un equipo interdisciplinario e internacional analizó cómo estas políticas públicas permitieron progresar en la garantía de los derechos humanos de los bogotanos.

Hacía una nueva construcción de lo público

En estas últimas décadas, las desigualdades se reforzaron en todo el planeta y más en las áreas metropolitanas donde acuden diariamente miles de nuevos pobladores, huyendo de la pobreza, de las guerras, de las repercusiones del cambio climático y del abandono por parte del Estado de las políticas de desarrollo rural. Frente a ello, las políticas económicas neoliberales contribuyen en gran medida a la exclusión al fundamentar el desarrollo urbano sólo en la competitividad entre grandes metrópolis para fomentar  las inversiones y su rentabilidad en el mercado.

Estas mismas políticas con sus requerimientos de austeridad limitan de forma considerable la capacidad de acción de los entes públicos para redistribuir las riquezas y cumplir con la creciente demanda social. En este contexto, los gobiernos locales se encuentran con recursos cada vez más escasos para enfrentarse a los desafíos del crecimiento de la población en términos de acceso a servicios públicos, de políticas de planificación, de vivienda... Así pues, según ONU Hábitat, hoy en día en muchos casos las desigualdades urbanas son más fuertes que las desigualdades a nivel nacional.

Sin embargo, para mucha gente la ciudad sigue representando una esperanza para acceder a mejores condiciones de vidas y oportunidades. Las personas aspiran al derecho a la ciudad, es decir, a que se asegure que el territorio de las ciudades y su entorno sea un espacio de ejercicio y cumplimiento de los derechos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades.

Atentos a estas aspiraciones, en algunos gobiernos locales, rechazando el fatalismo de la austeridad económica y haciendo uso de imaginación en el poder manifiestan de forma muy concreta su compromiso por desarrollar este derecho a la ciudad y hacer de sus territorios lugares de cumplimiento de los derechos. Estos gobiernos locales se comprometen a luchar contra las desigualdades y a restablecer la justicia social y espacial, de forma concertada con sus ciudadanos.

Bogotá Humana

Bogotá es una clara ilustración de como un gobierno local puede trabajar en la dirección del derecho a la ciudad, contribuyendo a hacer que el área metropolitana tienda a ser un espacio de ejercicio y cumplimiento de los derechos y de realización progresiva del derecho a la ciudad.

En 2012, la ciudad inició el planteamiento de las políticas de inclusión social como un recorrido activo de la ciudadanía hacia la garantía de sus derechos, a través de la apelación de la “Ruta de derechos”. Para ello, enfocaron la gestión de lo público desde los derechos, renovando así el contrato social local con la ciudadanía. 

Por tanto, partiendo de la observación y del análisis de las políticas de inclusión social de la ciudad de Bogotá, este informe pretende sacar lecciones aprendidas de la “Ruta de Derechos de Bogotá” para alumbrar a los gobiernos locales que emprenden esta ruta de la promoción, protección y garantía del derecho a la ciudad.