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Preambulo

"Considerando que todos los seres humanos gozan de los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en los instrumentos internacionales que la desarrollan, en particular los Pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos (1966), los tratados regionales de protección de los derechos humanos y demás tratados fundamentales de derechos humanos.

Considerando que todos los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y universales, tal como ha señalado la Declaración de Viena (1993) y han reiterado la Declaración del Milenio (2000) y la Declaración del 60 aniversario de las Naciones Unidas (2005); y que, por consiguiente, no sólo la satisfacción de los derechos económicos y sociales es indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, sino que, a la vez, sólo el ejercicio de los derechos civiles y políticos permite participar en los mecanismos de toma de decisión que pueden conducir a la realización de los derechos económicos y sociales.

Considerando que la ciudad es una comunidad política en la que todos sus habitantes participan en un proyecto común de libertad, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la diversidad y de desarrollo individual y colectivo.

Considerando que el grado de emancipación de las mujeres da la medida general de la emancipación de las sociedades; y que conviene en consecuencia actuar en favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y promover activamente la participación de las mujeres en la toma de decisiones local.

Convencidos de la necesidad de favorecer en nuestras ciudades y territorios un desarrollo sostenible, equitativo, inclusivo y respetuoso con los derechos humanos sin discriminación; y de la necesidad de actuar para profundizar la democracia y la autonomía local a fin de contribuir a construir un mundo en paz, justicia y solidaridad.

Considerando que la extrema pobreza constituye en sí un atentado a los derechos humanos y especialmente la necesidad de garantizar los derechos humanos en situaciones de crisis económicas.

Considerando que los gobiernos locales, a través de sus acciones y autoridad, tienen por misión aplicar este proyecto y que deben jugar un papel fundamental en la garantía del ejercicio efectivo de los derechos humanos de todos sus habitantes. Considerando que la ciudadanía, con sus derechos, deberes y responsabilidades, se expresa especialmente en el plano de la ciudad"